A menos de tres meses del Mundial de Futbol 2026, la hotelería organizada en México encendió las alertas ante el crecimiento acelerado de las rentas vacacionales y exigió “piso parejo” en materia fiscal, regulatoria y de seguridad para este tipo de alojamiento turístico.
Representantes de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y el centro de estudios STARC de la Universidad Anáhuac Cancún aseguran que la expansión de estas plataformas ya compromete la sostenibilidad del sector formal.
De acuerdo con un reciente policy paper elaborado por STARC en coordinación con ANCH y AMHM, las rentas vacacionales generaron en 2025 más de cinco mil millones de dólares en México, una cifra que las coloca como un competidor directo de la hotelería tradicional.
El documento estima que la capacidad de alojamiento de estas plataformas equivale ya a 43.5 por ciento de la oferta hotelera formal del país, lo que ha modificado de manera profunda el mapa de hospedaje en los principales destinos turísticos.
El estudio revela además una fuerte concentración de la oferta: si bien el propietario promedio opera alrededor de dos unidades, existen más de 21 mil dueños con más de dos propiedades listadas en plataformas digitales, e incluso se detectó un anfitrión con 455 inmuebles bajo su administración.
Para las asociaciones hoteleras, este perfil de operación se aleja de la narrativa de “economía colaborativa” y evidencia la presencia de actores empresariales que, a su juicio, deberían estar sujetos a las mismas obligaciones que los hoteles.
Los hoteleros insisten en que la competencia es desigual porque, mientras el sector formal cumple con estrictas normas de construcción, protección civil, higiene, accesibilidad y pago de impuestos, una parte importante de las rentas vacacionales opera sin licencias claras ni protocolos homologados.
Entre las preocupaciones recurrentes destacan la ausencia de rutas de evacuación, señalética de seguridad, planes contra incendios y medidas de protección para los huéspedes, especialmente en edificios adaptados para alojamiento que originalmente no fueron concebidos con ese uso.
El documento también advierte sobre riesgos vinculados al uso irregular de inmuebles, como la posible comisión de delitos de alto impacto, incluidos trata de personas, almacenamiento de armas o drogas y refugio de células del crimen organizado, aunque sin ofrecer estadísticas públicas detalladas.
Las asociaciones hoteleras sostienen que la ausencia de padrones confiables y de inspecciones sistemáticas dificulta la actuación de las autoridades y deja amplias zonas grises en materia de seguridad y combate a la ilegalidad.
Frente a este panorama, los empresarios del alojamiento formal ponen como ejemplo a destinos internacionales que ya acotaron el crecimiento de las rentas vacacionales.
Señalan el caso de Portugal, donde desde 2023 se limitó la emisión de nuevas licencias en zonas urbanas saturadas, y el de Madrid, que obliga a las viviendas de uso turístico a mostrar un número de registro y cumplir requisitos específicos de seguridad e higiene.
En México, algunas entidades han comenzado a responder.
La Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca y el municipio de Cancún han dado pasos para gravar a las plataformas y establecer marcos regulatorios más claros, aunque la hotelería organizada considera que las medidas aún son insuficientes y fragmentadas.
El sector insiste en la necesidad de una regulación nacional homogénea que establezca reglas claras para todos los tipos de hospedaje, con el fin de garantizar condiciones de competencia equitativa y proteger tanto a los viajeros como a las comunidades receptoras.
En la antesala del Mundial 2026, los hoteleros advierten que México tiene una oportunidad estratégica para ordenar su mercado de alojamiento y evitar que la expansión descontrolada de las rentas vacacionales erosione la inversión formal, el empleo y la recaudación fiscal en los destinos turísticos.
Aseguran que no buscan frenar la innovación ni las nuevas formas de hospedaje, sino someterlas a un marco de obligaciones equivalente que permita competir en condiciones justas y preserve la calidad y seguridad del producto turístico nacional.
Información de utilidad para profesionales y empresas de Turismo.
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