Consejo Hotelero del Caribe Mexicano advierte riesgos del nuevo esquema VISITAX

Consejo Hotelero del Caribe Mexicano

Consejo Hotelero del Caribe Mexicano expone inquietudes sobre la propuesta estatal para aumentar 25% el VISITAX y asignar a hoteles y prestadores turísticos la responsabilidad del cobro. Además, señala impactos operativos, regulatorios y económicos que podrían modificar el entorno turístico regional.

Así, el organismo explica que la iniciativa introduce obligaciones que alteran el funcionamiento del sector, modifican la certidumbre jurídica e incrementan costos al visitante. También menciona que la medida contradice lineamientos del Plan México.

Tensiones entre competitividad y nueva carga financiera

Consejo Hotelero del Caribe Mexicano indica que la propuesta estatal avanza en sentido contrario a tendencias internacionales, donde varios destinos reducen cargas financieras para atraer más visitantes. En cambio, el nuevo esquema encarece la visita, modifica la experiencia del viajero e impacta decisiones de inversión.

Además, el organismo sostiene que Quintana Roo opera en una región con alta sensibilidad a incrementos de costos. Por ello, anticipa afectaciones al flujo de visitantes, a la derrama económica y al modelo multidestino que integra rutas entre Cancún, Chetumal, Bacalar y otros puntos del estado.

Posteriormente, añade que los hoteles no pueden incorporar el nuevo cargo en tarifas negociadas con anticipación mediante contratos internacionales. Esto, según el sector, genera un riesgo inmediato para la operación comercial de varias empresas.

El Consejo explica que dispersar el cobro entre miles de prestadores multiplica inconsistencias, confusión y riesgos de cobro indebido. Además, considera que estas fricciones pueden alterar la percepción del destino y reducir competitividad frente a mercados comparables.

Riesgos legales y cuestionamientos sobre el modelo operativo

Consejo Hotelero del Caribe Mexicano argumenta que la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas. Señala que la responsabilidad solidaria requiere una relación directa con el hecho imponible, lo cual no corresponde al servicio de hospedaje.

La postura del organismo cita criterios de la Suprema Corte que exigen claridad entre el sujeto obligado y la actividad gravada. Por ello, afirma que asignar a hoteles el cobro de un derecho asociado a infraestructura pública constituye una delegación que carece de fundamento constitucional.

Asimismo, expone que los establecimientos turísticos enfrentarían cargas administrativas adicionales sin mecanismos adecuados para garantizar un proceso uniforme. La propuesta, indica el sector, tampoco define parámetros que eviten errores o afectaciones a la operación diaria.

Mientras tanto, el Consejo advierte que la medida podría generar efectos adversos en destinos donde los márgenes operativos son limitados. También señala que el VISITAX representa un porcentaje significativo del gasto total para visitantes que viajan en pareja o en grupos pequeños hacia zonas como Chetumal y Bacalar.

Llamado del sector y contexto institucional

Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reitera su disposición para colaborar con autoridades, aunque solicita revisar la propuesta por sus implicaciones regulatorias, económicas y operativas. Además, pide considerar efectos inmediatos sobre empleos, inversiones y ocupación hotelera en el estado.

El organismo recuerda que el turismo constituye el principal motor económico de Quintana Roo y requiere estabilidad operativa, regulatoria y comercial. Señala que cualquier modificación fiscal debe incorporar análisis de sensibilidad, impacto y competitividad.

También destaca la importancia de mantener condiciones que permitan seguir atrayendo visitantes, inversión y conectividad. Por ello, el Consejo insiste en que la iniciativa no fortalece las finanzas públicas y, por el contrario, introduce incertidumbre en diferentes segmentos de la cadena turística.

El organismo subraya que agrupa asociaciones que representan más de 138 mil habitaciones, 20,500 millones de dólares en divisas y más de 300 mil empleos directos. Por ello, reitera que la medida impacta una estructura económica esencial para Quintana Roo.

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