El llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha enfrentado con asociaciones de la sociedad civil, organizaciones ambientales internacionales y el propio sistema judicial del país desde que el proyecto comenzó formalmente en junio de 2020.
Tres años y 10 millones de árboles talados después, el Tren Maya de López Obrador avanza a todo vapor en medio de batallas judiciales irresueltas y la condena internacional.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administran los 1.525 kilómetros de ferrocarril de media velocidad.
Sus siete vías férreas del Tren Maya atraviesan cinco estados (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo) y 2,87 millones de hectáreas de selva en la península de Yucatán.
López Obrador afirma que el desarrollo inmobiliario, la agricultura industrial y el turismo en las regiones indígenas y rurales sacarán de la pobreza al sureste de México, el lugar que desde hace mucho tiempo ha sido abandonado por el gobierno federal con el Tren Maya.
Pero organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han arremetido contra FONATUR por lanzar la construcción sin Manifestaciones de Impacto Ambiental adecuadas, violar los derechos de las comunidades indígenas y amenazar el diverso patrimonio biocultural del país.
Contaminación del agua por el Tren Maya
A partir de 2023, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil han presentado más de 50 amparos contra los siete tramos con el fin de frenar la construcción del Tren Maya.
Muchas medidas cautelares se refieren a que la ruta del tren pasará a través de 20 áreas naturales protegidas en el segundo bosque tropical más grande de América Latina, la Selva Maya, que amenaza con causar daños potencialmente irreversibles a los ecosistemas regionales y las fuentes de agua dulce del país.
El tramo cinco del Tren Maya, que va desde Cancún hasta Tulúm y atraviesa delicados ecosistemas de cuevas y selvas, ha sido un punto de conflicto para tales batallas legales.
Organizaciones ambientalistas como Cenotes Urbanos, Greenpeace y Sélvame del Tren Maya están alertando que el suelo kárstico de la región, lleno de huecos y compuesto de caliza blanda que se disuelve en el agua, colapsarán bajo el peso del tren de velocidad de 120 km/h a 160 km/h.
Grupo México, una de las principales agencias de construcción del tramo cinco del Tren Maya, citó la “inviabilidad técnica” de construir de manera segura la sección del tren antes de la fecha límite y se retiró del proyecto en 2023.
Los colapsos y la contaminación por diésel amenazan el agua limpia para más de 1,8 millones de ciudadanos de Quintana Roo y la mayor reserva de agua dulce de México en una región que ya enfrenta graves sequías.
Amenaza a la flora nativa
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) admitió que la construcción entre Playa del Carmen y Tulum del Tren Maya podría tener “impactos críticos.”
El CONACYT describió el colapso de los sistemas de cuevas, las alteraciones en el flujo de agua y las amenazas potenciales a la salud de las poblaciones de jaguares, que están en peligro de extinción, como posibles efectos de la construcción.
“La gran pregunta es: ¿qué va a pasar con al menos nueve mil pilas dentro del acuífero en suelo kárstico?” imploró Guillermo DChristy, espeleólogo y consultor de calidad del agua en Playa del Carmen.
“De las decisiones que tomemos hoy como humanidad depende la preservación de los ecosistemas como los conocemos ahora,” dijo Viridiana Lazaro, campañista de Greenpeace México.
“La Selva Maya es uno de los pulmones más importantes que tenemos en México que nos permite enfrentar el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, no podemos destruirlo con una falsa idea de desarrollo que afectará a todo un continente.”
Información de utilidad para profesionales y empresas de Turismo.
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