La batalla que inició la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra las aerolíneas de bajo costo en septiembre va in crescendo, al grado de que ya están en proceso multas hasta por 13 millones de pesos.
Pero ¿qué despertó realmente el interés de la dependencia federal para irse sobre un modelo de negocio que tiene 15 años de operar exitosamente en el país y que abrió la oportunidad para que muchas personas pudieran viajar en avión?
El argumento central es el cobro de equipaje de mano que hacen estas aerolíneas, en específico Volaris y Viva Aerobus, en su tarifa básica, lo cual por ley deberían incluir.
Sin embargo, las compañías aéreas han reiterado una y otra vez que cumplen con la Ley de Aviación Civil pues, ésta misma contempla que los pasajeros pueden renunciar a su derecho de portar equipaje de mano a cambio de una tarifa mucho más accesible.
El mensaje de Profeco ha sido muy conveniente para su imagen y propiamente para el gobierno federal, pues en redes sociales hay una horda de comentarios que aprueban la medida de la dependencia en aras de luchar por los derechos de los consumidores.
Mientras, Volaris y Viva Aerobus enfocan todos sus esfuerzos en explicar a la autoridad y los usuarios que no hay nada ilegal en su operación.
Platiqué con directivos de ambas empresas quienes me refieren una cantidad de ejemplos de servicios en los que el consumidor decide por qué beneficios pagar y a cuáles renunciar.
También me detallan los múltiples ejemplos de aerolíneas en el mundo que trabajan de esta manera sin que implique una falta, ahí están Spirit y Frontier en Estados Unidos, Easyjet y Ryanair en Europa, entre muchas otras.
Entonces, ¿por qué Profeco insiste en atacar a las empresas que han contribuido con la reactivación del turismo y la economía de forma legal?
¿Será por los adeptos que le ha generado este discurso desde septiembre a la fecha o porque es de lo poco que puede decir el gobierno que apoyó al turismo al defender los intereses de los clientes?
De sostenerse en sus argumentos, las aerolíneas saldrán libradas fácilmente de las posibles sanciones que les quieran imputar.
Pero de escalar el problema, podría derivar en que se elimine este beneficio, que realmente apoya a los pasajeros, ya que habría un aumento de tarifas y una disminución de pasajeros.
Ojalá el conflicto derive en un correcto entendimiento de la ley, y que los viajeros sigamos contando con una variada oferta impulsada por la competencia en el mercado aéreo mexicano.
Por: Marco Daniel Guzmán
Periodista y columnista especializado en turismo y negocios. 15 años de experiencia reseñando industria turística y destinos.
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