Me interesa observar cómo se construyen narrativas oficiales cuando existe presión social. Por eso, cuando la Secretaría de Turismo anunció la apertura de nuevos accesos públicos y gratuitos a las playas de Tulum, mi primera pregunta fue sencilla: ¿esta medida repara la crisis de visitantes que enfrenta el destino o solo intenta administrar el desgaste político?
Estas acciones, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, forman parte de los acuerdos de la Mesa de coordinación de acciones estratégicas para Tulum, bajo la premisa de que las playas son un bien público y no deben privatizarse. Lo dijo así. Pero recuerdo que este mismo gobierno permitió durante años que el acceso quedara limitado bajo prácticas privadas en la zona hotelera. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué abrir ahora?
Los accesos y la promesa de libre entrada
Actualmente, ya opera un acceso sur para visitar las playas de Tulum dentro del Parque del Jaguar, mientras que el acceso “tradicional” estará habilitado en los próximos días. Además, se suman dos entradas más en las playas conocidas como “Conchitas” y “Del Pueblo”, ubicadas en los kilómetros 4.5 y 5.5 de la zona hotelera. Así lo detalló Sectur.
Sin embargo, aquí introduzco una preocupación. Yo escucho el mensaje de apertura, pero no se explica cómo se sostendrá el mantenimiento, la regulación de carga turística ni la convivencia en el Área Natural Protegida. Si el objetivo es libre acceso diario para nacionales y extranjeros, como dijo Rodríguez Zamora, entonces alguien deberá garantizar orden, infraestructura y capacidad operativa. Y ese cálculo no aparece en el comunicado.
Mientras tanto, la medida llega en medio de una caída en el flujo de visitantes a Tulum reportada por operadores turísticos y comercios locales durante los últimos meses. Entonces, la reapertura de accesos también puede leerse como un intento por reactivar afluencia. ¿La iniciativa responde a la exigencia ciudadana o al impacto económico reciente?
Tarifas, control territorial y gobernanza turística
Adicionalmente, se estableció una tarifa unificada para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum. La cuota se aplicará de lunes a sábado, con una tarifa para nacionales y otra para extranjeros. Para 2026 se repetirá el esquema. Los domingos, el ingreso a la zona arqueológica tendrá un costo de 60 pesos para nacionales y 220 para extranjeros, mientras que el acceso al Parque del Jaguar será gratuito ese día.
Yo observo aquí otra cuestión pendiente. El gobierno explica cómo se cobrarán las tarifas, pero no explica cómo se medirá el impacto en la movilidad local, ni en el comercio, ni en el equilibrio ecológico del área. Si la apertura busca beneficiar a la comunidad, como afirmó Sectur, entonces faltarían indicadores públicos que demuestren si eso ocurre. ¿Quién evaluará los resultados?
Además, el gobierno reiteró que los residentes de Tulum seguirán teniendo acceso libre y gratuito todo el año. Esa decisión parece lógica. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo se evitará que, nuevamente, intereses privados bloqueen o controlen el acceso con mecanismos informales?
Lo pregunto porque sucedió antes.
Entonces, ¿reparación o administración del costo político?
Las playas de Tulum son uno de los espacios más simbólicos en la disputa entre desarrollo turístico y derecho al territorio. Durante años, el discurso público habló de protección ambiental mientras se autorizaban proyectos dentro y alrededor del Área Natural Protegida. Hoy se anuncian accesos públicos y un corredor deportivo. Pero no se explica cómo se recuperará la confianza de quienes dejaron de visitar el destino ante el encarecimiento, el control empresarial y la percepción de restricciones.
Las playas de Tulum requieren algo más que accesos libres: requieren gobernanza clara. Y esa parte todavía no se comunica.
Desde hace 15 años me he dedicado al periodismo turístico. Entusiasta de los viajes, la gastronomía, los deportes, comunicólogo de profesión, siempre motivado por descubrir nuevos lugares, sus costumbres y tradiciones.
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